Señor Presidente, señorías.

Desde hace dieciocho años soy un jurista especializado en Derecho europeo.

Creo en Europa, y creo en el Estado de Derecho.

En 1999 me trasladé a vivir a Alicante.  Vi una casa con jardín que me gustó.  Antes de comprarla, fui al Ayuntamiento a informarme sobre la situación de la vivienda.  Todo perfectamente legal.  La compré.

Hace dos años oí rumores sobre expropiaciones en mi zona.  No había recibido ninguna notificación.  Investigué, y supe que una empresa había presentado un proyecto para urbanizar la zona en que se ubica mi casa.  El proyecto estaba en una notaría, y allí tuve que ir a consultarlo.  Bienvenido al sistema de la LRAU.

Durante dos meses, y siempre SIN RECIBIR NINGUNA NOTIFICACIÓN, tuve que ir cada semana al ayuntamiento, a ver si habían presentado algún proyecto nuevo, y examinar cómo afectaba a mi casa.  NUEVE PROYECTOS.  Algunos parecían respetarla, otros la destruían bajo una rotonda, otros me quitaban la mitad del jardín…  Nadie puede imaginar la humillación de tener que descubrir entre planos indescifrables lo que unos terceros proponen hacer con tu casa.  Jamás me he sentido menos ciudadano de un Estado de Derecho.  Yo soy jurista, sé defenderme y aun así  me sentí humillado.  Imaginen los agricultores, jubilados, extranjeros…

Así que empecé a pensar en Europa, y más concretamente en las directivas comunitarias sobre contratos públicos.  ¿Cómo es posible que unas obras cuyo coste rondaba los 100 millones de euros no respetaran las directivas?  Ni había pliego de condiciones, ni se habían publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, ni se respetaban las obligaciones de transparencia y competencia.   

Pasé 6 meses trabajando como voluntario para preparar una queja que presentamos ante la Comisión Europea en julio de 2004.  La Comisión nos ha dado la razón y ha abierto un procedimiento de infracción contra España.

Señorías:  durante diez años, no se había conseguido NADA a nivel nacional, más que algunas sentencias aisladas sobre casos puntuales y concretos.  NADA contra la ley en cuanto tal. 

Recuerden: si estamos consiguiendo algo es gracias a la presión que ejercen las instituciones europeas desde Bruselas, no gracias a Madrid ni a Valencia.  

Tengan presente, por favor, que las víctimas de los abusos urbanísticos JAMAS hubieran podido pagar la factura de un abogado para atacar esta ley ante Bruselas.  Para alguien que de la noche a la mañana pierde más del 50% de su terreno, quizás incluso su casa, y tiene además que pagar una suma enorme para conservar la parte que le dejan, es simplemente imposible pensar en gastarse miles de euros en la minuta de un abogado para atacar UNA LEY.  No se sorprendan si los representantes de los afectados somos hoy aquí un señor jubilado, que pasa casi las 24 horas del día ocupándose de estos asuntos, y un jurista afectado que trabaja como voluntario.

Recuerden, por favor, lo importante que es la intervención de las instituciones europeas.

Permítanme destacar lo que señala el Sindic de Greuges (ombudsman valenciano) en su informe especial sobre urbanismo, de noviembre de 2004, página 20.

“los propietarios son absolutamente ignorados por una connivencia premeditada entre el Ayuntamiento y el Urbanizador, quienes no facilitan ninguna información ni pretenden lograr el consentimiento de los propietarios, sino la rápida apropiación de los terrenos para acometer su urbanización a toda costa” (página 20 de su Informe Especial sobre Urbanismo, noviembre de 2004).

¿Qué le ocurre a un ciudadano cuando se aprueba un proyecto que afecta a su casa? 

En la mayoría de los casos, se puede considerar afortunado si sólo tiene que ceder DE FORMA OBLIGATORIA Y GRATUITA, aproximadamente el 50-60% de su terreno.  Es decir:  expropiación sin indemnización, de un terreno que forma parte de una unidad con la casa, y que como tal tiene un valor.  Si el proyecto exige la demolición de su casa, le indemnizarán por poco más que el valor de los ladrillos, no por el valor de una casa en el mercado, y en la mayoría de los casos le darán un terreno mucho menor y en una zona peor.

Los afectados por proyectos urbanísticos estamos en una situación de inseguridad jurídica total, porque tanto la ley vigente como el proyecto presentado IGNORAN la existencia de las edificaciones legales y consolidadas.

Piensen en las "maisons aux Ardennes", en las casas de campo, en los cottage ingleses, o en las "maisons de campagne" en el sur de Francia, en Toscana...  Son casas perfectamente legales, que tienen un valor, y que se compran y venden en el mercado.  Pues bien, para la LRAU simplemente no existen, y su propietario no tiene derecho a que la respeten.  Si un urbanizador propone urbanizar la zona, los propietarios perderán como mínimo el 50% de su terreno, de forma obligatoria y gratuita (es decir: expropiación SIN indemnización), y ADEMÁS deberán pagar unas cuotas de urbanización desorbitadas, establecidas de una forma que la Comisión Europea considera ilegal.  Y, recuerden:  cuanto más altas sean las cuotas, menos posibilidades tendrá el afectado de pagarlas en metálico... y se verá obligado a ceder más terreno.  Al final del proceso, todavía tienen que ceder un 10% suplementario al ayuntamiento.  Resultado:  en los casos más extremos, se llega a perder el 85% del terreno...a veces  por la supuesta razón de "UTILIDAD PÚBLICA" de construir un campo de golf o una urbanización de lujo.   

Cualquier persona que haya comprado en Alicante un piso o una plaza de garaje hace seis o siete años, ha visto cómo se revalorizaba, multiplicado su precio por dos o tres.

Sin embargo yo, que tengo lo que en Inglaterra sería un “cottage”, o en Provenza una “maison de campagne”, quizás pueda recuperar lo que he invertido, pero ni siquiera eso es seguro. 

La paradoja inaceptable es que yo (y miles de ciudadanos como yo) podemos perder nuestra casa, nuestro patrimonio, y no tenenos derecho a ninguna plusvalía... precisamente porque tenemos un terreno muy interesante en una zona muy buena.  ¿No es esto una aberración jurídica y una violación flagrante del derecho a la propiedad privada y al domicilio?  ¿Repartirse la casa de un ciudadano a sus espaldas y someterlo a un brutal acoso a su patrimonio respeta la dignidad de la persona humana?

Señorías:  No pedimos que se haga el urbanismo valenciano desde Bruselas.  No pedimos que intervengan en las luchas políticas regionales.  Pero necesitamos la intervención de las autoridades europeas para poner fin de una vez por todas a una situación inaceptable en un Estado miembro de la Unión Europea.  Su actuación está teniendo una enorme importancia para transmitir un mensaje muy claro:  la Europa de los ciudadanos existe, y la Unión Europea actúa para defender a los ciudadanos cuando fallan los mecanismos de protección a nivel municipal, regional y nacional.

Permítanme dejar bien claro que nadie quiere parar la construcción.  Nadie.  ¿Han recibido ustedes peticiones o quejas similares desde Cataluña o Baleares, comunidades autónomas también mediterráneas?  ¿Está parada la construcción en esas zonas, también costeras y turísticas?  NO.  Se construye, y se construye mucho, pero se construye respetando los derechos de los propietarios y pagando el terreno a su justo precio. 

Señorías:  la posibilidad de APROPIARSE de los terrenos en perjuicio de sus propietarios es un INCENTIVO para la construcción desordenada e insostenible, y supone una violación inaceptable del derecho a la propiedad privada, que desemboca en la destrucción del medio ambiente y en un desarrollo absolutamente insostenible.

Déjenme por favor aclarar otra cosa:  si alguien les dice que el Tribunal Constitucional Español ha declarado que la LRAU respeta la Constitución Española y es compatible con ella, pídanle la fecha y la referencia de la sentencia.  Porque no existe.  Nunca ha entrado el TC a valorar la constitucionalidad de la LRAU.  El TC sólo ha conocido una cuestión de constitucionalidad enviada por el TSJ valenciano, y la declaró inadmisible por motivos de forma.  O sea, que NO se pronunció sobre el fondo.

Y, sin querer entrar en luchas políticas que no nos corresponden, permítanme recordar que, cuando la LRAU fue aprobada en 1994, la entonces oposición votó en contra, anunció la posibilidad de derogarla cuando llegara al poder, y su portavoz parlamentario declaró que la LRAU "consagra la máxima arbitrariedad".  Las asociaciones de empresarios la consideraron entonces "una fuente de posibles corrupciones", "un atropello", y afirmaron que "deja al propietario indefenso".

Once años después, y coincidiendo con la visita de la misión de investigación del Parlamento Europeo, se presenta POR FIN un proyecto para sustituir a la LRAU.  El problema es que es más de lo mismo.

Se trata de un simple lavado de cara de la LRAU, que no resuelve ninguno de sus problemas fundamentales. 

En esta lucha, señorías, al principio se intentó ignorar a los afectados por la LRAU, considerándolos un grupo de extranjeros jubilados que no entienden el sistema español.  Cuando empezaron a ser más numerosos y a defenderse mejor, comenzaron los ataques, y se nos acusó de ser los culpables de la depredación del territorio, de ser unos privilegiados que queremos mantener nuestros privilegios en lugar de contribuir al bien común... hasta a llegar a ataques personales como las bajezas que se han dirigido contra el Sr. Svoboda, a cuyo coraje y tesón en la defensa de los derechos de muchos miles de personas rindo testimonio público de admiración.

Cuando piensen en los afectados por los abusos urbanísticos en Valencia, no piensen en el Sr. Svoboda ni en mí, que, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos medios para defendernos.  Piensen, por favor, en agricultores, en jubilados, en simples trabajadores que pensaban que tenían una casa, y se encuentran las excavadoras en la puerta.   Piensen en los miles de ciudadanos europeos que sufren los efectos perversos de esta ley, y simplemente no pueden creer que estas barbaridades ocurran en un Estado de Derecho.

Por otra parte, los propios partidos están teniendo problemas para imponer su disciplina, y cada vez es más frecuente que los proyectos sean aprobados gracias a "tránsfugas" que votan contra las instrucciones de su partido.  Hay razones sobradas para pensar que en muchas ocasiones se trata de casos de corrupción.

Señorías:  necesitamos que las personas decentes en los partidos valencianos tengan la fuerza suficiente para expulsar a los corruptos y ganarles la batalla. Y pensamos que, cuanto más claro y contundente sea el pronunciamiento de las instituciones europeas, más fácil les resultará a los partidos valencianos ganar esta guerra, y más posibilidades tendrán de defender sus derechos decenas de miles de ciudadanos que se encuentran en una situación de práctica indefensión y gran vulnerabilidad.

Recuerden, por favor, que hay muchas administraciones, regionales y municipales, pendientes de lo que ustedes hacen.  Si las instituciones europeas dicen claramente que las situaciones investigadas en la Comunidad Valenciana son inaceptables en la Unión Europea, estarán ayudando a consolidar la Europa de los ciudadanos, y estarán mandando un mensaje claro a otras regiones y ayuntamientos, no sólo de Valencia sino de toda Europa.  Si, por el contrario,  las instituciones europeas se lavan las manos, enviarán el mensaje de que “todo vale”, y no dejarán a las víctimas más que la posibilidad de esperar que les dé la razón el Tribunal de Estrasburgo, quizás dentro de diez años.  

¿Qué es lo que consideramos necesario para acabar con los abusos?

Que se cambie la ley.  Pero de verdad. Porque llevan diez años echándose las culpas unos a otros... pero manteniendo en vigor una ley que produce “efectos perversos”, según afirma el propio gobierno valenciano.  Tenemos una biblioteca llena de promesas de mejoras:  a embajadores, a gobiernos, a eurodiputados… Y la ley sigue en vigor.  Y no olviden, por favor, que las disposiciones  transitorias de la nueva ley prevén que la LRAU se siga aplicando a todos los contratos adjudicados hasta el momento de su derogación.  O sea:  la LRAU vivirá después de muerta, como mínimo hasta el 2015, y quién sabe si hasta el 2025.

En nuestra opinión, la nueva ley tendrá que respetar unos principios tan claros como los siguientes:

1. Las viviendas legales y sus parcelas no se tocan.  Salvo que así lo exija, de forma excepcional, la utilidad pública o el interés social. 

2. Criterios objetivos claros para definir los conceptos de utilidad pública e interés social. Y que quede bien claro que la utilidad pública o el interés social no pueden amparar en ningún caso la expropiación sin indemnización  para construir campos de golf ni urbanizaciones de lujo. 

3. Los terrenos se han de valorar al precio de mercado.  Como ocurre en otras regiones españolas que tienen una legislación semejante a la LRAU, pero han corregido sus aspectos más negativos.  Así, en Guadalajara, provincia del interior de Castilla La Mancha, que no recibe prácticamente turismo extranjero, y cuyo único atractivo inmobiliario es que está a 100 km de Madrid, el suelo se valora, como mínimo, cinco veces más que el de Alicante, zona costera, turística, de gran atractivo inmobiliario.  Si estamos hablando de negocios, apliquemos la ley de la oferta y la demanda:  quien quiera suelo, que lo compre y lo pague, pero no le pida a papá ayuntamiento o a mamá Generalitat que le regale el suelo a precio soviético para que él obtenga beneficios de república bananera.

4. Las cuotas de urbanización se han de calcular de acuerdo con las normas europeas. Señorías:  al amparo de la LRAU, se adjudican contratos multimillonarios sobre la base de una «estimación, siquiera preliminar y aproximada, de los costes la obra» (artículo 32.D.2º LRAU), y el presupuesto lo pueden modificar al alza el urbanizador y el ayuntamiento sin ninguna medida de control. Permítanme hacerles una pregunta:  si ustedes tienen que hacer reformas en su casa, ¿aceptan un presupuesto abierto, una estimación preliminar y aproximada, en palabras de la LRAU, del coste total de las obras, y permiten que el contratista aumente el precio cuando quiera y sin limitación alguna?  Seguro que ustedes NO lo aceptan.  Pues a nosotros nos lo impone la ley valenciana.  Así que el sistema actual es una simple coartada para apropiarse del terreno y las viviendas de sus legítimos propietarios a través del incremento interesado y descontrolado de los costes de urbanización, y supone un incentivo para urbanizar sin medida.  (((Ejemplo de Mundo Ilusión:  18 millones de metros cuadrados.  Coste del proyecto:  6.000 millones de euros.  Beneficio (confesado) del constructor:  54 millones de euros.  Este contrato se ha adjudicado sin publicarlo en el diario oficial español ni en el de la unión europea, y sobre la base... de una estimación preliminar y aproximada de los costes!!! ¿cómo se puede hablar de competencia si no se están comparando precios ciertos y cerrados, sino estimaciones que varían al alza en cuanto lo deseen el urbanizador y el ayuntamiento? ¿Es esto libre competencia??? )))

Señor presidente, señorías:

Las instituciones europeas son para muchos miles de ciudadanos la última esperanza de que se restablezca a corto plazo el respeto de la legalidad en el urbanismo valenciano.  Muchas gracias por lo que nos han ayudado a conseguir hasta ahora.  Por favor, ayúdennos a poner fin a esta situación inaceptable.  Ayúdennos a seguir creyendo en Europa y en el Estado de Derecho.