Denuncian ante el Rey abusos urbanísticos al amparo de la LRAU

Un funcionario de la OAMI entregó una carta y un dossier al Monarca durante el cóctel del décimo aniversario

F. J. B., Alicante

El colectivo «Abusos urbanísticos», formado por propietarios españoles y extranjeros que residen en la Comunidad Valenciana, aprovecharon la presencia del Rey Don Juan Carlos en el X aniversario de la OAMI para entregarle una carga y un dossier en el que se denuncia la situación que viven muchas personas tras la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística -LRAU-. Privados prácticamente de todos sus derechos a los pequeños propietarios de suelo, en la redacción de los planes parciales.

Un grupo de eurofuncionarios se acercó al Rey cuando el monarca charlaba amigablemente con la plantilla durante el coctail y le entregó la carta y el dossier. Tras un breve intercambio de impresiones, Don Juan Carlos pasó la documentación al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien la recibió con una media sonrisa.

En la carta, cuyo texto recorrió ayer vía internet prácticamente toda la Unión Europea, los miembros del colectivo «Abusos urbanísticos», recordaban a Don Juan Carlos, que «decenas de miles de residentes y contribuyentes en la Comunidad Valenciana, españoles y extranjeros, nos consideramos víctimas de abusos urbanísticos cometidos al amparo de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística en la Comunidad Valenciana, y nos permitimos dirigirnos a Su Majestad para denunciar una seria quiebra del Estado de Derecho, que está convirtiendo la vida de muchos pequeños propietarios en una auténtica pesadilla».

En la carta se recordaba también la visita a la Comunidad Valenciana de los eurodiputados -delegación oficial de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo- que «avalaron las denuncia sobre abusos urbanísticos». El Rey también recibió el informe posterior de la comisión del Parlamento Europeo que, según la carta, «constata que ninguna de las víctimas ha logrado obtener satisfacción alguna a través de los tribunales, por lo que rogamos a Su Majestad tenga a bien intervenir en defensa de los derechos que la Constitución española garantiza a los pequeños propietarios».

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=47355&pIndiceNoticia=9&pIdSeccion=19

Abusos Urbanísticos No exige que construir «no enriquezca a unos privilegiados por amiguismo»

Cientos de personas se manifiestan en Valencia para denunciar «la especulación urbanística»

Enrique Climent Laguarda, vicepresidente de la plataforma Abusos Urbanísticos No, fue el encargado de leer el manifiesto a las puerta de las Cortes Valencianas. Climent reclamó que la «acción urbanística debe beneficiar por igual a todos los ciudados, en cuanto a mejoras en el entorno urbano que a su vez reflejan en una mejora en la calidad de vida» Asimismo, «respecto a los beneficios económicos, si los hay, que se deriven de ella, deben recaer sobre quien en gran medida atiende a su coste, el propietario del suelo, teniendo en cuenta que el suelo es quien tiene intrínsecamente la calidad de urbanizable».

El vicepresidente de Abusos Urbanísticos No señaló ante cientos de manifestantes que ésta actividad social y pública (urbanizar), por tanto no puede, ni debe ser origen de enriquecimiento especulativo para unos privilegiados por razones de amiguismo más o menos remunerado, y la ley debe evitar en su redacción cualquier posibilidad que los facilitara».

Climent reclamó una moratoria a la LRAU para «evitar la injusticia» que a su juicio supondría su aplicación. «A día de hoy estamos en negociaciones directas con la Consellería de Territorio y Vivienda y además hemos denunciado la situación ante el Parlamento Europeo, que mandará en breve una comisión investigadora». concluyó.

A. Castelló, Valencia

Al grito de «justicia sí, abusos no» cientos de manifestantesÑ500 según los organizadores y 100 según la policía salieron ayer a las calles de Valencia para denunciar «la aplicación interesada, abusiva y malintencionada de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)». Convocados por la plataforma Abusos Urbanísticos No, la marcha recorrió las calles adyacentes al edificio de la Cortes Valencianas. Los manifestantes utilizaron cualquier artilugio para hacerse notar entre los ciudadanos que contemplaban su paso. Bocinas, silbatos, sirenas y hasta un cencerro dieron el toque instrumental a la protesta.

También las pancartas mostraban la indignación de los manifestantes con los proyectos urbanísticos. Sin duda, por su tamaño, la que más llamaba la atención era: «La LRAU sólo sirve para enriquecer a políticos sin escrúpulos como Zaplana y su entorno. Terra Mítica, Ciudad de la Luz y construcciones La Bienuntada=Especulación». También el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, fue objeto de las protestas. «Fabra ta casa sana i salva», gritaba la cabeza de la marcha mientras en la cola los ensordecedores sonidos de bocina asustaban a los curiosos. Otras pancartas aludían a «Associació de Propietaris de Les Sorts de Gata»; «Mestrets contra los abusos urbanísticos; Por un urbanismo sin atropellos»; «Atalayas: Menos casas más naturaleza»; «Para promotores LRAU= El Gordo»; «LRAU, licencia para expoliar»; «Nàquera, paraíso de abusos urbanísticos; PGOU=pucherazo para legalizarlos»;«Associació Camí Vell, Abusos Urbanísticos No»; incluso una bandera pirata con la siglas de la LRAU en la calavera servía para protestar.

Los que no portaban pancartas iban ataviados con camisetas alusivas a «Stop a la LRAU» y «Por un urbanismo humano». También los extranjeros afincados en los municipios de la Marina se sumaron a la protesta portando pancartas alusivas y banderas de sus lugares de origen dando un toque multicultural a la marcha. La manifestación partió de la plaza de la Reina, enfiló la calle Micalet hasta la plaza de la Virgen para buscar la plaza de Manises y pitar y gritar frente al Palacio de la Generalitat. Finalmente, tras pasar por la Torres de Serranos la manifestación llegó a la plaza San Lorenzo a las puertas de las Cortes Valencianas donde se leyó el manifiesto.

http://www.levante-emv.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=19944&pIdSeccion=12&

Participación ciudadana y abusos urbanísticos

JOSÉ LUIS RAMOS

Docenas de asociaciones ciudadanas confluirán en Alicante para revindicar mayor participación ciudadana en las decisiones administrativas que afecten a la ordenación del territorio. Unos son propietarios y protestan porque no se les tiene en cuenta. Otros son ecologistas que creen que el suelo es un bien común cuyo destino debe tener en consideración el bien estar social de la sociedad que lo ocupa y de las generaciones futuras. Lo curioso es que la legislación urbanística vigente establece la obligación de consultar y de formalizar acuerdos con los ciudadanos particularmente afectados, en la fase de redacción técnica de los planes y programas, obligando que el resultado se refleje el expediente. Sin embargo, entre los muchos expedientes que por razones profesionales he consultado jamás encontré un solo folio donde se haga constancia de la preceptiva participación ciudadana. Algunos creen que el derecho de participación ciudadana se hace efectivo desde el momento que se expone el proyecto a exposición pública y se presentan alegaciones. Quienes así piensan desconocen que la legislación urbanística establece la audiencia, la consulta y la información pública, como tres marcos de participación ciudadana diferenciados. Los dos primeros casos deben darse dentro de los actos preparatorios, en la fase de redacción técnica, anteriores a la redacción del plan o programa

Por audiencia debe entenderse la obligación de oír a los afectados e interesados antes de decidir. La consulta va referida a otras administraciones, entidades e instituciones representativas del ámbito de la actuación urbanística. En ambos casos la ley obliga a que se refleje su resultado por escrito en el expediente. Por último la información pública tiene por finalidad poner a disposición de todos los ciudadanos en general el proyecto elaborado en la fase de redacción técnica y que se propone aprobar. En ningún caso el cumplimiento de la fase de exposición pública puede suplir el derecho de consulta y audiencia previa de los afectados. Cabe añadir que los tres marcos de participación deben aplicarse tanto a la fase de aprobación de los proyectos como de su ejecución. Nada de lo dicho se cumple. En la práctica se limitan a remitir aviso de lo aprobado al domicilio fiscal del propietario en los casos de PAIs y ni siquiera eso en los planes. Esa falta de control democrático sobre las actuaciones urbanísticas es la causa fundamental de tantos abusos urbanísticos que se producen a lo largo de todo el litoral. Entre todos los abusos, quizás, el someter a reparcelaciones (con la obligación de ceder terrenos para dotaciones y equipamientos) urbanizaciones y edificaciones que tenían la condición de consolidadas, según la legislación urbanística a la entrada en vigor la LRAU valenciana, es una de las cuestiones más difícil de entender y aceptar por los propietarios afectados. A pesar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo viene declarando ilegal los promotores y la administración no se dan por enterados hasta el momento. Así se obliga a los propietarios a tener que acudir a unos tribunales que cuando dicten sentencia las fincas afectadas pueden haber sufrido transformaciones irreversible. ¿Quién se hará responsable de los daños, si al final les dan la razón?

http://www.eapv.org/ordena.terri.art.prensa.participacion.abusos.urbanisticos.htm

Abusos urbanísticos valencianos llegan al Parlamento Europeo

David Hammerstein, eurodiputado del Grupo Verde La Comunidad Valenciana ha merecido, entre otras, la portada del Financial Times, ademas de gran cobertura en otros diarios europeos y ámplios reportajes en distintas cadenas televisivas del viejo continente. En estos medios se suele hablar del "Valencian Land Grab" (el robo de tierras valenciano).

El motivo de tanto bombo y platillo ha sido el frenético crecimiento urbanístico valenciano de los últimos años, en concreto por la aplicación de la Ley Reguladora de Actividades Urbanísticas. De hecho, esta misma semana el eficaz modelo valenciano de ladrillo y asfalto llega a discutirse en el Parlamento Europeo, a raiz de un informe demoledor de una comisión de investigación que se presenta ante el Comité de Peticiones. Pero porqué tanto revuelo en Europa por la LRAU?

La LRAU es una ley creada con el único objetivo de crear suelo edificable nuevo y su única misión considerada de "interés público" es de convertir suelo rústico o "no-urbanizable" en suelo urbanizable. Nada tiene que ver la aplicación de la LRAU con consolidar o rehabilitar a la ciudad existente sino todo lo contrario. Es la ley de oro de la especulación urbanística del litoral valenciano.

El gran actor de esta ley es el "agente urbanizador", una especie de concesionario del poder político que casí siempre representa a unas pocas grandes constructoras, las mismas que Eduardo Zaplana ha nutrido durante sus 8 años de mandato y que han crecido con la ayuda de proyectos como Terra Mítica en Benidorm. El "urbanizador" gestiona el suelo, con el poder delegado, modificando el planeamiento y, incluso, impulsando reclasificaciones de suelo.

¿Qué hay de malo en esto?

Existen muchos indicios de que se vulneran sistemáticamente los derechos básicos de los pequenos propietarios, quienes se convierten en meros convidados de piedra de la expropiación y urbanización de sus casas y quienes se ven obligados a pagar cantidades desorbitantes para contribuir a la destrucción ambiental de su entorno.

Ni siquiera se les notifica legalmente a los propietarios. Simplemente, se les "avisa", por la comodidad del urbanizador, lo que minimiza la garantías legales de los vecinos.

La paradoja, en este caso, es que la defensa del derecho a la propiedad coincide globalmente con la defensa del paisaje y la conservación del medio ambiente. Aquí los pequenos propietarios y los ecologistas estamos de acuerdo en luchar en contra de una figura legal que proclama que el "interés público" es el mismo que el interés particular del "urbanizador", lo que considera la mera urbanización un bien en si.

En el ámbito de la Unión Europea no solo se cuestiona la vulneración del derecho europeo a la propiedad y a la información transparente. Se critica la legalmente dudosa (según el derecho comunitario) forma de contratación pública de la LRAU (con jurisprudencia europea en un caso parecido de la zona de Milán), la ausencia de estudios de impacto ambiental globales y el uso de fondos europeos para la urbanización de zonas de expansión inmobiliaria y especulativa.

El informe del Comité de Peticiones de la U.E. ha constatado que las "toneladas" de cemento y ladrillo potenciadas por la LRAU pesan como una losa encima de los derechos básicos de miles de europeos y atentan contra nuestro futuro ambiental, todo en aras de cumplir una ley con perversas consecuencias, cada vez más conocidas y criticadas por toda Europa

http://www.losverdesdeandalucia.org/noticia.php?id=7833

AUN dice que se aprueban PAIs «muy deprisa» ante la nueva ley

Aseguran que la Ley Urbanística Valenciana sólo recoge cambios derivados de sentencias condenatorias a la LRAU

Cèsar Palazuelos, Benissa

La asociación Abusos Urbanísticos No ha advertido en un escrito que «en esto momentos hay una aceleración en gran cantidad de poblaciones sacando a concurso programas urbanísticos» y se plantean al respecto que «como si hubiese una prisa grande, o como si la famosa burbuja urbanística valenciana fuera a reventar pronto y todavía quieren ordeñar lo poco que queda».

No obstante, el vicepresidente de la asociación, Enric Climent, también aprovecha para reivindicar que «debido a nuestra labor y a la de otros colectivos, la población de la Comunidad Valenciana se ha ido concienciando y organizando». Una concienciación que según el mismo Climent «esta consiguiendo que la aprobación definitiva de planes urbanísticos se vaya ralentizando, aunque no evitando, esto quiere decir que algo se va consiguiendo, desgraciadamente no por igual en toda la comunidad».

En referencia a la inminente aprobación de la nueva Ley Urbanística Valenciana, de la que se comenta será aprobada a primeros del próximo año, Climent señala que «aporta algunas mejoras respecto a la LRAU, pero en realidad lo único que se ha hecho es incorporar las modificaciones que se derivan de las sentencias condenatorias que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha emitido en distintos contenciosos».

Sin embargo, desde Abusos Urbanísticos No se considera que todavía restan muchos aspectos por cambiar con el fin de que la nueva ley urbanística se acerque a sus reivindicaciones. En este sentido, Climent comenta que «la figura del agente urbanizador que no pasa de ser un simple intermediario, que sólo sirve para encarecer el proceso urbanístico».

Recalca asimismo como uno de los puntos a corregir «las cesiones obligatorias gratuitas fenómeno que sólo existe en España donde en el proceso urbanístico se exige unas cesiones de suelo que promedian el 50% totalmente gratuito, cuando la propia Constitución dice que la expropiaciones deben tener la correspondiente remuneración».

Igualmente, Enric Climent lamenta que aún queda «la llamada utilidad pública o interés social con la que se consideran motivadas sobradamente cualquier programación urbanística, y entre las que figuran temas tan peregrinos como la construcción de un campo de golf o un pabellón deportivo».

Recientemente, la delegación de europarlamentarios que visitó la Marina Alta presentó un informe sobre el viaje y su impresión que ha sido valorado y apoyado por la Unión Europea aunque al no ser vinculante no consta como norma. Sin embargo, desde Abusos Urbanísticos No se valora el hecho de que los eurodiputados exijan una moratoria urbanística en la comunidad como un paso más en su lucha por acabar con las «violaciones urbanísticas».

En aquella visita los parlamentarios quedaron desagradablemente impresionados por la presión urbanística que existe en el litoral y en algunas zonas del interior.

http://www.levante-emv.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=43417&pIndiceNoticia=3&pIdSeccion=17

El urbanismo valenciano y el crecimiento de Sant Joan

Opinión / Arquitectura i urbanisme
Fecha: 09 Sep 2004 - 06:57 AM

Los autores explican su rechazo al proyecto de urbanizar dos millones de metros cuadrados en la localidad alicantina al amparo de la Ley Reguladora de Actividad Urbanística
Charles Svoboda y Enrique Climent son el presidente y el vicepresidente de la asociación Abusos Urbanísticos No.

EL PAÍS - C. Valenciana - 09-09-2004

¿Por qué Sant Joan está obligado a multiplicar por tres su población?, se pregunta el ciudadano

Los afectados somos en muchas ocasiones víctimas de un auténtico acoso moral

Desde hace más de nueve meses, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant tiene sobre la mesa nueve planes urbanísticos que proponen urbanizar dos millones de metros cuadrados en la Partida de Fabraquer, última reserva de huerta y suelo rústico que le queda al municipio, para construir viviendas donde alojar a cerca de 30.000 personas, triplicando así la población actual de Sant Joan.

Este proyecto ha recibido la oposición frontal de la mayoría de los vecinos afectados, así como de colectivos ecologistas. Además, desde la Asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) lo hemos denunciado ante la Comisión Europea por infracción de las normas europeas sobre contratos públicos, al considerarlo un ejemplo perfecto de la forma en que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU, o ley del suelo valenciana) permite la violación de las directivas europeas en la materia.

El Ayuntamiento de Sant Joan ha declarado en repetidas ocasiones que, dada la importancia y magnitud del proyecto, la decisión sería tomada sin prisas, y ha reiterado sus ofertas de diálogo a los sectores implicados. Sin embargo, no nos consta que haya habido ninguna reunión del ayuntamiento con la Asociación de Vecinos de Fabraquer ni con Abusos Urbanísticos No (AUN) en los últimos meses.

A finales de julio, los promotores explicaron en detalle sus proyectos al ayuntamiento, no a los vecinos afectados, que no fueron invitados. El concejal de Urbanismo declaró en aquella ocasión que "Sant Joan está obligado a crecer", lo que parece indicar que el ayuntamiento se propone adoptar uno de los proyectos, en lugar de ejercer su facultad de no adoptar ninguno (artículo 47 de la LRAU).

Y el ciudadano se pregunta: ¿por qué está Sant Joan obligado a crecer? ¿en qué epígrafe del programa electoral de cualquiera de los partidos que concurrieron a las elecciones municipales del pasado año se indica a los ciudadanos que Sant Joan está obligado, no sólo a crecer, sino a multiplicar por tres su población, agotando así sus reservas de suelo rústico?

Resulta sorprendente que en la página web del Ayuntamiento de Sant Joan (www.santjoandalacant.es) no se mencione siquiera la existencia de estos proyectos. No dudamos del interés que para los sanjuaneros tiene su equipo de balonmano o el ciclo de títeres y marionetas, pero si hay un tema que de verdad afecta al futuro del pueblo es la urbanización de Fabraquer.

No estaría de más que el ayuntamiento explicara a los vecinos afectados que, antes de empezar a hablar, tendrán que aportar aproximadamente la mitad de sus terrenos para dotaciones. Y esto se aplica por igual a quien tiene terrenos baldíos y deshabitados que a ciudadanos que tienen su domicilio en Fabraquer, en viviendas absolutamente legales y que pagan IBI como vivienda urbana, pero que perderán como mínimo la mitad de sus parcelas. Eso, si no les tiran la casa para construir calles, rotondas o bloques de apartamentos. Y para conservar lo que sobreviva de su vivienda o de su terreno, tendrán que pagar una cuota de urbanización fijada entre el promotor y el ayuntamiento, sin competencia ni transparencia. Sin olvidar que, al final del proceso, el propietario deberá ceder al ayuntamiento otro 10% del solar neto resultante.

El ayuntamiento también podría explicar que las obras que ofrecen los promotores como "regalo al pueblo" (palacio de congresos, centro multiusos, etc.) no son tales regalos, sino un simple engañabobos, que ya no consigue engañar a nadie: el artículo 30.2 de la LRAU habla de estos supuestos regalos del urbanizador, y todo parece muy bonito. Pero luego viene el artículo 67.1.b) de la LRAU a poner las cosas en su sitio: el coste de dichos "regalos" se considera "cargas de urbanización", y ha de ser pagado por los vecinos afectados. Ello supone una perversión del concepto de obra pública urbanizadora, inaceptable desde cualquier punto de vista: si una ciudad necesita un palacio de congresos o un centro multiusos, su financiación debe correr a cargo del presupuesto municipal (con la ayuda, en su caso, de la diputación, la Generalitat o el gobierno central), pero jamás se puede imputar el pago de una obra pública a los contribuyentes que vivan cerca de ella. ¿En qué cabeza cabe que la Ciudad de las Artes y las Ciencias sea pagada sólo por los vecinos de los barrios adyacentes? ¿O que las obras de la Copa América las paguen sólo los valencianos que viven en pisos con vistas al mar?

Así que Sant Joan está obligado a crecer... ¡y multiplicarse! Pues la verdad es que, observando los perpetuos embotellamientos entre Sant Joan, el Campello y Alicante, uno tiene sus dudas. Crecer, sí, pero de forma natural y cuando el crecimiento demográfico de la ciudad lo demande. Crecer por decreto municipal no parece una opción democrática. Ya va siendo hora de preguntarse qué mueve a los ayuntamientos a aprobar planes urbanísticos al margen de la opinión de los ciudadanos a los que se supone que representan. ¿Estamos volviendo a los tiempos de "todo para el pueblo pero sin el pueblo"?

Menos mal que, hasta una ley tan nefasta como la LRAU, tiene sus puntos positivos: el artículo 40.1.b) prevé que la Generalitat deniegue la aprobación de un plan si no respeta el equilibrio urbanístico del territorio, si agota sus recursos o si satura las infraestructuras supramunicipales. Acabar con la última reserva de suelo rústico, ¿no significa agotar los recursos municipales de suelo rústico? Multiplicar por tres la población, ¿no satura aún más las ya saturadas infraestructuras viarias? Por no hablar del suministro de agua potable y la depuración de aguas residuales, respecto de los que parece haber informes "a gusto del consumidor" (o más bien, a gusto del promotor).

Los proyectos urbanísticos de Sant Joan han sido mencionados expresamente en el informe del Parlamento Europeo sobre la situación urbanística en la Comunidad Valenciana. Están también en el punto de mira de la Comisión Europea, y podrían desembocar en una condena de las autoridades comunitarias al Reino de España. El Ayuntamiento de Sant Joan se vería así enzarzado en interminables litigios, que podrían arruinar a perpetuidad las arcas municipales para pagar indemnizaciones a propietarios, a urbanizadores, e incluso a especuladores. Esperemos que se imponga el buen sentido.

La LRAU ha destrozado las vidas y haciendas de muchas familias en la Comunidad Valenciana, españolas y extranjeras, humildes y acomodadas, y va llegando el momento de decir ¡Basta ya!. La mayor aspiración de nuestra asociación es disolverse lo antes posible, una vez que se restablezca el orden, la legalidad y un mínimo de racionalidad en el urbanismo valenciano. Después de años de incredulidad, desprecio y ninguneo, empezamos a ver la luz al final del túnel: el demoledor informe del Parlamento Europeo ha despertado muchas conciencias, y tenemos la intención de despertar muchas más, hasta acabar definitivamente con esta vergüenza. El Síndic de Greuges ha apoyado muchas de nuestras reivindicaciones. La Generalitat ha lanzado una tímida e insuficiente recomendación, que deja claro hasta qué punto llevamos razón al denunciar los abusos que provoca la aplicación de una ley... que el propio gobierno recomienda no aplicar.

Esperamos aún mucho más del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía Anticorrupción, del President de la Generalitat, del gobierno central, de nuestros diputados autonómicos, de nuestros diputados y senadores nacionales... No vamos a dejar de llamar a ninguna puerta, y no vamos a dejar de exigir ninguna responsabilidad.

Para terminar, recordaremos que los afectados por proyectos de urbanización somos en muchas ocasiones víctimas de un auténtico acoso moral, y los tribunales se muestran cada vez más dispuestos a condenarlo. Por sorprendente que resulte en un Estado de Derecho miembro de la Unión Europea, se nos llega a exigir que desplacemos forzosamente nuestro domicilio para favorecer pelotazos inmobiliarios. Evidentemente, no lo vamos a permitir, y desde aquí anunciamos que estamos lanzando nuevas vías de defensa de nuestros intereses. Vamos a solicitar el amparo del derecho constitucional al domicilio y a la propiedad privada, y vamos a exigir que cesen las perturbaciones de la pacífica posesión de nuestras viviendas. Igualmente, estamos preparados para exigir la responsabilidad personal, tanto civil como penal, de los ediles que voten a favor de proyectos urbanísticos que afecten a viviendas consolidadas, perturbando así nuestro derecho constitucional al domicilio y a la propiedad privada.

Y nos gustaría explicar al Presidente Zapatero que, si la finca menorquina en la que ha pasado sus vacaciones estuviera situada en la Comunidad Valenciana, cualquier avispado promotor la convertiría en adosados y apartamentos con la ayuda de algún ayuntamiento "abierto al progreso" y dispuesto a "crear ciudad". ¡Viva el desarrollo sostenible!

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ABUSOS URBANÍSTICOS

El informe elaborado por la misión de la Eurocámara que se debatirá mañana contiene también recomendaciones para modificar la ley urbanística valenciana (LRAU), a raíz de las peticiones presentadas por la asociación 'Abusos Urbanísticos No', que recogió más de 10.000 firmas de ciudadanos de toda la Unión Europea.

Según esta asociación, la ley valenciana atenta contra el derecho a la propiedad, ya que los propietarios de terrenos que son reclasificados como "urbanizables" están obligados a ceder un 10 por ciento del suelo, sin compensación alguna, como contribución a la provisión de servicios públicos. También están obligados a aportar, bien en suelo o en metálico, hasta el 65 por ciento del valor de la infraestructura de urbanización.

Los eurodiputados respaldan estas denuncias y consideran que la LRAU es una "mala ley". Por ello, celebran la decisión del gobierno valenciano de iniciar los debates para su reforma el próximo mes de octubre. En todo caso, piden una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana hasta que la legislación actual se conforme a la comunitaria, y compensaciones para las personas a las que ya se les han confiscado y destruido sus propiedades.

http://www.lukor.com/not-mun/europa/0407/26195000.htm

La Asociación de Vecinos Boria denunciará en la UE "abusos urbanísticos" en San Vicente de la Barquera

Una delegación del Parlamento Europeo investigará en España las características del mercado inmobiliario

Una comisión de la Eurocámara aprueba un informe que denuncia abusos urbanísticos en Valencia

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS ELEMENTALES'
EFE

BRUSELAS.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado un informe que denuncia "supuestos abusos" en la aplicación de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) en la Comunidad Valenciana y que pide a la Comisión Europea que reconsidere la financiación de obras del trasvase Júcar-Vinalopó. 

"La aplicación de la ley ha llevado a una vulneración grave de los derechos más elementales de muchos miles de ciudadanos europeos", según acreditan "numerosos casos bien documentados", señala el texto.

El documento, que recibió 14 votos a favor y tres en contra, fue debatido en la primera sesión que la comisión de Peticiones celebró tras la constitución del nuevo Parlamento Europeo al ser un asunto que quedó pendiente de resolver en la anterior legislatura.

Su aprobación significa que los eurodiputados estiman que los hechos denunciados "son ciertos, y que esta institución seguirá colaborando con todos los afectados" para corregir los supuestos abusos, según indicó el portavoz de esta comisión, David Lowe.

El texto aprobado es el resultado de una visita realizada en mayo a la costa valenciana por una delegación de eurodiputados de todos los partidos europeos, menos el PP, de los que tenían representación en la anterior legislatura.

Esta es una primera decisión que podría llegar al pleno del Parlamento Europeo, pero esta posibilidad se debatirá en otra reunión de la Comisión de Peticiones, cuya próxima sesión se celebrará los días 1 y 2 de septiembre

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/27/espana/1090949693.html

Europa contra el agente urbanizador

RAMÓN MARTÍN MATEO

Hace algunos años un cliente del bar Pepe de San Juan que frecuentaba, me hizo una pregunta que me dejó un tanto perplejo, se trataba de averiguar si alguien podía entrar en su finca conduciendo un tractor y derribar todo lo que allí estaba en pie, tapias incluidas. Le dije que no, escandalizado, pero me equivoqué, era posible legalmente si se trataba de un «agente urbanizador» una moderna versión del mitológico Midas, respaldado por la legislación promocionada teóricamente desde la Universidad madrileña Carlos III.Este «personaje» ha hecho posible la movilización del territorio valenciano trasformando en solar, todo lo que tiene interés urbanístico, pero ello ha sido a costa del paisaje y de la seguridad jurídica.
Visitantes foráneos se irritaron explicablemente, al constatar que en esta costa al menos «La casa de un inglés» no es su castillo y recurrieron a Bruselas.
Hace poco vino por aquí una misión comunitaria que tuvo un interlocutor en él, excepcional, ya que no sólo es un gran jurista, sino un damnificado también potencial, al que un amigo suyo que yo personalmente no tengo en particular estima, comunicó un día alborozado que sus posesiones en la Condomina, la única que queda en esta significativa zona alicantina, en los aledaños de la Santa Faz, se iban a revalorizar al proyectarse su ocupación por una macro-urbanización destinada a albergar a ciudadanos del Norte de Europa.
Ante el asombro del Midas local el supuestamente feliz propietario, le hizo constar que le horrorizaba esta perspectiva porque ni tenía ambiciones económicas desmedidas ni le era posible, en lo que le quedaba de vida, reconstruir el hábitat familiar conseguido tras largos años de trabajo, y adicionando su propio esfuerzo físico. Llegó a tratar de instalar una «línea Maginot» protectora mediante la declaración de una zona de su finca como «micro reserva de la biosfera».
Estos explicables sentimientos unidos a su profundo conocimiento profesional del derecho hicieron que el amenazado terrateniente llegase a ser un activo interlocutor de la comisión de Bruselas que nos visitó hace poco tiempo y que aunque aún no se ha pronunciado definitivamente, ya ha filtrado su sensibilidad ante las protestas legítimas de la organización «Abusos Urbanísticos No».
En su dictamen, el representante de la comisión, hace constar según consta en la carta remitida a la que he tenido acceso que: «Las observaciones formuladas con ocasión de su visita sobre las consecuencias de la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) figurarán en el informe que redactará la delegación de la Comisión de Peticiones a la Comunidad Valenciana».

Confío en que el siniestro «agente urbanizador» se retire por el foro y busque otros negocios no tan facilones y anticulturales. Pero desgraciadamente sólo se ha contrarrestado el peligro inminente, la tajada es muy apetecible y es mucho el dinero fácil a ganar, si se parte de la peregrina premisa de que la especulación crea riqueza.
Mucho me temo que los expertos de Bruselas tendrán que acudir a esta costa con cierta frecuencia, porque pese a las infructuosas propuestas, en esta línea también, del Sindico de Agravios, la Conselleria competente ha hecho oídos sordos y hay un nuevo proyecto de Ley del Suelo que al parecer se sigue posicionando a favor de los emulantes de Midas, El Tribunal Constitucional terminará zanjando el asunto en la línea ética, y de sentido común, pero los hechos consumados serán irreversibles.

www.diarioinformacion.com/?pContenido=http://www.diarioinformacion.com/secciones/opinion/noticia.jsp?pIdNoticia=312444&pIndiceNoticia=6